1. Contexto y antecedentes 1.1. Contexto histórico 1.2. Establecimiento de la política de competencia 1,3. Objetivos de la política 2. Marco institucional 2.1. Instituciones de la política de competencia 2.1.1. La Superintendencia 2.1.2. Otros organismos públicos 2,2. Marco jurídico sustantivo 2.2.1. Ámbito de aplicación de la Ley de Competencia 2.2.2, Disposiciones sustantivas en materia de competencia 2.3. Potestades y procedimientos coercitivos 2.3.1. Potestades de investigación 2.3.2. Allanamientos y clemencia 2.3.3. Procedimiento de investigación 2.4. Sanciones y medidas correctivas 2.4.1. Multas 2.4.2. Medidas correctivas 2,4.3. Medidas cautelares 2.5. Revisión judicial 2.6. Aplicación privada 2.7. Cooperación internacional 3. Aplicación de la normativa de competencia en El Salvador 3.1. Acuerdos horizontales 3.1.]. El cártel de la harina de trigo 3.1.2. Manipulación de licitaciones para la contratación de seguros de pensiones 3.1.3. Cártel del arroz 3.2. Prácticas anticompetitivas entre no competidores 3.3. Abuso de posición dominante 3.3.1. El caso de los combustibles 3.3.2. El caso del azúcar 3.3.3. El caso de las telecomunicaciones 3.4. Control de concentraciones 3.4.1. Umbrales de notificación 3.4.2. Procedimiento de control de las concentraciones 3.4.3. Ejemplos de casos de control de concentraciones 3.4.4. Incumplimiento de las reglas de control de concentraciones. 4. Competencia desleal, protección del consumidor y regulación sectorial 4.1. Competencia desleal 4.2. Protección del consumidor 4.3. Sectores regulados 4.3.1. Electricidad 4.3.2, Telecomunicaciones 4.3.3. Combustibles 4.3.4. Banca 4.3,5. Agricultura 5. Abogacía y promoción de una cultura de competencia 5.1. Abogada de la competencia para el órgano judicial y los legisladores 5,1.1. Judicatura 5.1.2. Órgano legislativo 5.1.3. El público en general 5.2. Contratación y adquisición públicas 5.3. Convenios interinstitucionales 5.3.1. Convenios con otras instituciones públicas de El Salvador 5.3,2, Convenios con instituciones académicas 5.3.3. Convenios con otras autoridades de competencia 5.3.4. Convenios con asociaciones de consumidores 5.4. Opiniones, estudios de mercado y monitoreo de mercados 5.4.1. Estudios de mercado 5.4.2. Monitoreo de mercados 5.4.3. Opiniones 5.5. Estimaciones ex ante y ex post del impacto 6. Conclusiones y recomendaciones 6.1. Diseño institucional 6.1.1. Reforzar la independencia y la autonomía de la Superintendencia 6.1 .2. velar por que se establezcan las condiciones de nombramiento y cese del Consejo Directivo con normas claras y transparentes 6.1.3. velar por que los miembros del Consejo Directivo sean empleados a tiempo completo para asegurar la eficacia de la Superintendencia y la ausencia de conflictos de intereses 6.1.4. Separar claramente la función de investigación de la de decisión 6.2. Aplicación de la ley a prácticas anticompetitivas 62.1. Aplicar una estrategia eficaz para combatir los cárteles 6.2.2. Considerar la posibilidad de reasignar ciertos recursos de las investigaciones de abusos hacia los cárteles, sin por ello pasar por alto estas primeras 6.2.3. Centrarse en la lucha contra la colusión en licitaciones públicas 6,2.4. Considerar la posibilidad de trabajar con listas negras de empresas involucradas en colusión en licitaciones 6.2.5. Reformar el régimen de clemencia según las normas internacionales 6.2.6. Adoptar instrumentos de definición de mercado, poder de mercado y análisis de prácticas anticompetitivas de acuerdo con las prácticas internacionales 6.2,7. Eliminar el requisito de posición dominante para las acciones vinculadas a acuerdos verticales, y delimitar el marco legal de las prácticas abusivas 6.2.8. Preparar y publicar directrices cuando sea apropiado 6.3. Sanciones y medidas correctivas 6.3.1. Imponer multas disuasorias 6.3.2. Proporcionar orientaciones sobre cómo se imponen y se calculan las multas para garantizar una mayor transparencia y previsibilidad 6.3.3. Garantizar el cobro rápido de las sanciones 6.4. Cuestiones procesales 6.4.1. Velar por que la Superintendencia pueda establecer prioridades entre los casos que Instruye 6,4.2, Considerar la posibilidad de ampliar los plazos de investigación 6.4.3. Utilizar las inspecciones y los allanamientos de manera más eficaz, aunque solo se notifique a la parte investigada después de que se hayan llevado a cabo dichas inspecciones y allanamientos 6,4.4. Proteger la información comercial sensible obtenida por la Superintendencia, y proporcionar orientaciones sobre qué se considera información sensible 6.4.5. Adoptar procedimientos de compromiso y de acuerdo 6.4.6. Ofrecer las debidas garantías procesales 6.4.7. Adoptar medidas para agilizar los recursos judiciales 6.5. Control de concentraciones 6.5.1. Modificar los umbrales de control de las concentraciones 6.5.2. Considerar la posibilidad de cobrar tasas de notificación adecuadas y razonables en el caso de concentraciones notificables 6.5.3. Modificar el proceso de control de las concentraciones, de acuerdo con las prácticas Internacionales 6.5.4. Plantearse sanciones más elevadas en caso de incumplimiento de las reglas de control de Concentraciones 6.6. Aplicación privada 6.6.1. Prever la aplicación privada ante los tribunales 6.6.2. Velar por que la aplicación privada apoye las medidas coercitivas públicas 6.7. Abogacía 6.8. Promoción de programas de cumplimiento